Elaborado por Verónica Salcedo, líder en región Centro-Occidente del FAIR Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
En marzo de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México publicó un documento que se conoce como Taxonomía sostenible de México (SHCP, Gobierno de México, 2023). Este reporte da información sobre la situación actual de la banca y otros intermediarios de crédito, con respecto a los financiamientos otorgados a empresas u organismos que han desarrollado proyectos sustentables o de inclusión social.
Los acuerdos firmados por el Gobierno mexicano para disminuir las emisiones de carbono han obligado a crear una estrategia en la que participen las instituciones públicas y privadas; el objetivo es lograr que durante el periodo 2023-2030 se destinen recursos (aproximadamente 15 billones de pesos) del sistema financiero hacia actividades que impacten realmente en disminuir la emisión de CO2 a la atmósfera y conseguir una mayor participación de las mujeres en la actividad económica del país. A diferencia de otras taxonomías desarrolladas en Europa o América Latina, la de México innova al incluir la parte social como uno de los objetivos del financiamiento sustentable.
¿Qué es una taxonomía?
La taxonomía sostenible de México (TSM) fue desarrollada como una respuesta a la falta de un marco común que definiera claramente qué constituye una inversión sostenible. Esta herramienta se diseñó con el apoyo de expertos internacionales y adaptada a las condiciones específicas de México. Su propósito es doble: por un lado, orientar las inversiones hacia proyectos que tengan un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad, y por otro, evitar que fondos destinados a la sostenibilidad terminen financiando proyectos que no cumplen con criterios ambientales o sociales estrictos.
Como complemento a los lineamientos que las instituciones financieras deberán seguir, desde 2016 dio inicio el programa prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), con el que se busca generar un mercado para la emisión y comercialización de los bonos de carbono en nuestro país.
Los bonos de carbono, conocidos también como bonos verdes, son instrumentos financieros que permiten a las empresas o personas financiar la reducción de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), comprar reducciones a otra industria que ha reducido más que su propio objetivo (tope) o financiar reducciones de proyectos de mitigación de emisiones dentro de países en desarrollo (MDL, mecanismos de desarrollo limpio).
La aplicación de estos bonos en México abarca desde proyectos de reforestación hasta la implementación de tecnologías renovables, proporcionando a los inversionistas no solo rendimientos financieros, sino también beneficios ambientales tangibles. Según el Estándar de Climate Bonds (CMFS, 2020), estos bonos forman una parte crucial de la estrategia nacional para cumplir el Acuerdo de París (INECC, 2024), facilitando la transición del país hacia una economía de bajo carbono.
En conclusión, estas iniciativas no solo sirven para alcanzar los objetivos climáticos de México, sino que también ofrecen a las empresas la oportunidad de liderar en sostenibilidad; un valor cada vez más reconocido por consumidores, inversionistas e instituciones financieras o reguladores a nivel mundial. Las empresas que se adelanten e integren estos principios en su estrategia corporativa no solo avanzarán hacia un futuro más sostenible, sino que también establecerán nuevos estándares en sus industrias y generarán un impacto positivo duradero en la sociedad y el medioambiente.