El autor es Profesor Asociado en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
El pasado 9 de septiembre, el Gobierno de México presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2025–2030, un instrumento clave para orientar la política hacendaria en los próximos años. Su propósito es claro: fomentar el crecimiento económico, generar empleo, promover una distribución más equitativa del ingreso y garantizar la estabilidad fiscal y financiera del país. Todo ello en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030.
Inclusión financiera como eje estratégico
Uno de los pilares del PRONAFIDE es el impulso a un sistema financiero más inclusivo, resiliente y sostenible. El objetivo 6 del programa lo establece con precisión: ampliar el acceso equitativo a servicios financieros, reducir brechas estructurales y mejorar la salud financiera de la población.
El diagnóstico que acompaña al PRONAFIDE revela avances importantes. A finales de 2024, México contaba con un sistema financiero más robusto y capaz de enfrentar choques globales. Sin embargo, persisten retos estructurales, por ejemplo: 1) El financiamiento interno al sector privado es inferior a la de economías similares en América Latina; 2) Las MiPyMEs enfrentan obstáculos como tasas de interés elevadas, trámites complejos y una limitada cultura financiera; y 3) Aunque casi ocho de cada diez adultos poseen al menos un producto financiero, subsisten brechas por género, edad, ubicación geográfica y nivel socioeconómico.
Avances y desafíos
La agenda de género ha sido uno de los avances más visibles. Reformas normativas, esquemas de garantía y herramientas como el Índice de Igualdad de Género han promovido un acceso más equitativo. No obstante, para lograr una inclusión financiera efectiva, será necesario fortalecer la regulación, mejorar la interoperabilidad de pagos, impulsar la educación financiera y aprovechar tecnologías emergentes.
Cinco ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera
Durante el primer semestre de 2025, el Gobierno Federal inició el diseño de la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030. En el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció que el objetivo principal será fomentar la inclusión financiera entre los beneficiarios de programas sociales y promover la salud financiera de la población en general. Por ello, la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) propone cinco ejes estratégicos:
1. Digitalización de los servicios financieros
Según la ENIF 2024, casi nueve de cada diez operaciones para compras menores a 500 pesos se realizan en efectivo. La Asociación de Bancos de México (ABM) ha señalado que reducir el uso del efectivo es clave para ampliar el acceso y mejorar la eficiencia del sistema. Por ello, se debe fomentar el uso de pagos digitales, banca móvil y plataformas Fintech, especialmente en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables. Esto implica fortalecer la infraestructura digital, garantizar cobertura de internet y promover la interoperabilidad entre sistemas.
2. Fomento del ahorro formal
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, casi cuatro de cada diez mexicanos que ahorran lo hacen de manera informal. Estos esquemas, aunque culturalmente arraigados, no ofrecen protección, rendimientos ni acceso a crédito. El reto será promover productos de captación accesibles como cuentas simplificadas, ahorro para menores, inversión en CetesDirecto y aportaciones voluntarias a la cuenta para el retiro. También se deberá incentivar el uso activo de estas cuentas, evitando que se conviertan en instrumentos pasivos.
3. Confianza en las instituciones financieras
La confianza es un pilar de la inclusión financiera. Por ello, el programa deberá garantizar transparencia en la contratación, seguridad en operaciones digitales, resolución ágil de reclamaciones y difusión de los derechos del usuario. Asimismo, se requiere fortalecer la supervisión de entidades financieras, incluidas las Fintech, para prevenir fraudes y malas prácticas.
4. Inclusión con enfoque de equidad
La inclusión debe ser universal, pero también diferenciada. Es decir, es indispensable diseñar productos y canales que respondan a las necesidades específicas de mujeres, migrantes, comunidades rurales e indígenas, incorporando un enfoque intercultural, accesibilidad lingüística y atención personalizada.
5. Educación financiera como base estructural
La educación financiera es el cimiento de una inclusión sostenible. Según la ENIF 2024, sólo uno de cada diez mexicanos ha tomado cursos en esta materia, lo cual limita la capacidad de la población para tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito, seguros e inversión. Esta cifra evidencia la urgencia de integrar contenidos prácticos, digitales y adaptados a distintos niveles de alfabetización. Se deben aprovechar canales como redes sociales, medios comunitarios y plataformas móviles para llegar a públicos diversos.
Conclusión
¿Será suficiente este programa para consolidar una economía más equitativa, resiliente y participativa? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es claro es que la inclusión financiera no puede seguir siendo una promesa: debe convertirse en una política de Estado con visión de largo plazo.
Contacto: miguel.gutierrez@tec.mx