Elaborado por Alicia Galindo, investigadora del FAIR Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
A pesar de los grandes avances en temas inclusión financiera en América Latina, todavía existen grandes diferencias al hablar de perspectiva de género. De acuerdo con ONU Mujeres, la creación de soluciones transformadoras en servicios financieros depende mucho de la trazabilidad de información para detectar patrones de comportamiento en países emergentes. La escasez de dicha información, aunque existen avances por parte de las instituciones financieras, impide detectar patrones en el comportamiento financiero entre hombres y mujeres en el largo plazo.
De ahí la pregunta: ¿por qué en países de Centroamérica —y en general en América Latina— las mujeres jóvenes tienen acceso a servicios financieros formales, igual que los hombres, pero al crecer, mientras los hombres continúan utilizando dichos servicios, las mujeres dejan de usarlos o utilizan informales? Para contestar esta pregunta, algunos estudios científicos como el de Chamboko, Heitmann y Van Der Westhuizen (2018) han evidenciado que esta diferencia de género se debe a la división de oportunidades entre hombres y mujeres, prioridades y responsabilidades a lo largo de la etapa de vida de las personas, el rol que servicios financieros informales —como las “tandas”— juegan en la vida social de las mujeres, y el hecho de que los productos informales están muy bien posicionados entre sus patrones financieros.
También según ONU Mujeres, la inclusión financiera con perspectiva de género es el proceso por el cual organizaciones públicas y privadas trabajan para reducir las barreras que sufren las mujeres para acceder a productos y servicios financieros que les permitan ejercer su libertad financiera y manejar crisis personales y financieras. Hablando de crisis, la pandemia del COVID-19 incrementó la vulnerabilidad de las mujeres de países centro y latinoamericanos, evidenciando el estado actual en el que se encuentran. La falta de ingresos, ahorros y el acceso a servicios financieros que les proporcionen seguridad, y sobre todo salud, es un elemento que explica la menor resiliencia de las mujeres ante las crisis, en especial las relacionadas con el bienestar humano.
Bajo la definición anterior de inclusión financiera con perspectiva de género, es necesario transformar cómo las mujeres son percibidas por la sociedad, o inclusive cómo ellas mismas se perciben en relación con el trabajo y el dinero; esta percepción suele ser lógica en países donde el machismo o patriarcado predominan (rasgo cultural que se presupone común en países de Centroamérica). Un obstáculo para esa transformación es la llamada “mochila transparente” o “invisible”, esto es, la sobrecarga —no pagada ni contabilizada— de tiempo dedicado a trabajos domésticos y de cuidado de otros o del hogar, que les impide participar en el mercado laboral o solo les permite hacerlo con bajos sueldos y puestos. La mochila transparente anticipa un círculo vicioso: al no tener altos salarios o estar en el mercado informal, las mujeres no pueden acceder a instrumentos más sofisticados, como la inversión a largo plazo, lo que contribuye a la vulnerabilidad financiera de género.
A todo esto, ¿cómo vamos en los países centroamericanos? Para dar una respuesta contundente, las necesidades de las mujeres implican acciones vinculadas a la oferta y demanda de servicios financieros y, sobre todo, generar una cultura basada en la confianza en las instituciones financieras formales. Respecto a la oferta, ONU Mujeres ha propuesto el establecimiento de normativas, servicios que promuevan la salud y bienestar de género, y la segmentación del mercado para una atención directa a la demanda. Estas propuestas deberían acompañarse de un ecosistema que genere condiciones iguales de acceso, programas de apoyo a las pymes, estímulos fiscales en sectores de mayor participación femenina y el uso de instrumentos de inversión.
Para conseguir esto último, algunas iniciativas destacables en países de Centroamérica han sido la creación de un fondo de garantías para facilitar el acceso a créditos a empresas lideradas por mujeres con plazos y tasas favorables, que busca apoyar a mipymes lideradas por mujeres. Otro ejemplo es la iniciativa promovida entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ONU Mujeres y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), que otorga un fondo de garantías por un millón de dólares a través del programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELtY). Todas estas iniciativas han tocado a poblaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Por último, están también la creación de servicios de cuidado infantil, las licencias parentales para el cuidado de los hijos y las licencias por enfermedad pagada, que han sido implementadas por Costa Rica y México, entre otros países.
Los retos son enormes, pero el avance de la agenda para la inclusión financiera con perspectiva de género debe estar construida de la mano de Gobiernos, instituciones reguladoras, empresas y sociedad. La participación de la mujer en el mundo podría representar un aumento porcentual en el PIB de las naciones, lo que a su vez generaría prosperidad y resiliencia. El avance en la institucionalización de la perspectiva de género en el mercado laboral es urgente para generar productos innovadores que atiendan las necesidades generales de la población por igual, y que permitan a las mujeres desarrollarse independientemente de su ciclo de vida y de su condición social.
Publicado originalmente en Forbes Centroamérica.