Elaborado por Pablo Pérez Akaki, investigador del FAIR Center de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
En los últimos años instituciones y organizaciones mexicanas han hecho un gran esfuerzo por impulsar el número de personas que participan en el sistema financiero, ya sea con instrumentos de ahorro, crédito, factoraje, seguros, afores, etc. Diversos cambios regulatorios han permitido la aparición de muchas figuras fiscales que tratan de atender las necesidades de financiamiento de la población de bajos recursos, tanto en zonas urbanas como rurales.
Entre todos estos ajustes, la banca de desarrollo ha tenido un rol muy importante al convertirse en banca de segundo nivel, impulsando por medio de organismos privados el financiamiento hacia la población objetivo. Así, el financiamiento podía expandirse usando figuras especializadas privadas que son capaces de multiplicar los recursos para financiamiento, usando criterios competitivos para garantizar su sobrevivencia y la salud de la actividad.
En el caso rural, históricamente ha habido un gran rezago en su inclusión financiera, pues la cantidad de depósitos y créditos ha sido bajo respecto a la población urbana. En este tipo de espacios rurales, donde la condición de rentabilidad para las instituciones prestamistas puede ser muy difícil de lograr, la banca de desarrollo tiene un papel fundamental para ofrecer garantías y créditos directos a aquellos marginales que se encuentran lejos de los criterios establecidos por las instituciones privadas. Así que uno de los objetivos de la banca de desarrollo es incluirlos financieramente por medio de su educación financiera para lograr construir relaciones comerciales con otras instituciones privadasen el futuro. Es decir, no es ofrecerles financiamiento permanentemente, sino contribuir en el mediano plazo para lograr relaciones comerciales con otras instituciones del sector en términos de mercado.
Sin embargo, recientemente el Gobierno federal decidió extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), amén de ser un organismo clave de la cual, según sus propias cifras, dependían para financiar unas 66,000 unidades productoras, no poca cosa. Esta institución no era nueva, sino una evolución del Banrural, creado en 1975, aunque sus antecedentes datan de 1925.
Los argumentos que se señalan respecto a su cierre refieren a un incremento de la cartera vencida, una falta de efectividad respecto a sus funciones y a ser una herencia neoliberal que representa la corrupción. Para una decisión de esa magnitud haría falta probar que efectivamente no cumplía su objeto social y que no se había podido arreglar tras diversos esfuerzos.
Tratando de evitar una posición política, sin duda su extinción deja un hueco muy importante que difícilmente podrá ser cubierto por FIRA, institución que se ha señalado como su sucesora. Aumentar la cartera de una institución de la noche a la mañana no es una tarea sencilla, además que la orientación de este organismo es diferente.
Tras el anuncio, representantes del sector manifestaron su preocupación sobre esta medida y dejaron ver las tareas fundamentales de este organismo, como ser el primer prestamista en la historia de muchos productores, con quienes debe acompañarse a lo largo de sus inversiones para garantizar el pago de las deudas.
Siempre es costoso perder una institución pública, pero más una banca de desarrollo, pues los efectos multiplicadores que tiene el sector financiero son muy importantes. Ojalá que esto no sea un retroceso en el esfuerzo de inclusión financiera del país, el cual tiene muchos retos enfrente aún, pero ahora tiene otro más.
Publicado originalmente en El Diario de Yucatán.